La Fundación Apolo solicita intervenir como amicus curiae
La Fundación Apolo ha solicitado su intervención en la causa que investiga las supuestas irregularidades en el Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA), actuando bajo la figura de amicus curiae (amigo del tribunal). En su presentación, la organización ha proporcionado múltiples testimonios que apuntan a posibles actos de corrupción que podrían haber acelerado la aprobación de importaciones. Asimismo, la fundación ha pedido a la Justicia que implemente medidas especiales para proteger a quienes colaboren con la investigación.
Detalles de la investigación
El caso está bajo la supervisión del juez federal Ariel Lijo y el fiscal Franco Picardi, con implicaciones directas en los empresarios Martín Migueles, Elías Piccirillo y Francisco Hauque. Las indagaciones están relacionadas con un esquema conocido como «rulo cambiario» que supuestamente operó entre 2020 y 2022. Los funcionarios judiciales ahora deben decidir si aceptan la participación de la fundación en este proceso.
Testimonios sobre corrupción en el sistema de importaciones
Como parte de su solicitud, la Fundación Apolo ha recopilado al menos cinco testimonios de individuos de diversas áreas económicas. Todos los relatos presentan un patrón de demoras administrativas y obstáculos en la obtención de autorizaciones de importación. Además, se mencionan exigencias de pagos informales para desbloquear licencias y acceder al mercado de cambios.
La fundación sostiene que estos testimonios evidencian un esquema donde ciertos funcionarios o intermediarios habrían solicitado pagos a cambio de la aprobación de solicitudes o para remover observaciones que dificultaban las operaciones comerciales.
Comisiones ocultas y manipulaciones informáticas
Uno de los testimonios expone la existencia de un sistema de comisiones ilegales para la aprobación de permisos de importación, con pagos que variarían entre el 8% y el 10% del valor importado. Estos porcentajes podrían aumentar al 14% si se involucraban intermediarios de menor rango, llegando incluso al 17% en casos específicos.
Otro declarante, vinculado al sector tecnológico, ha indicado que numerosos rechazos de solicitudes SIRA eran atribuidos a «errores informáticos» que, supuestamente, eran provocados intencionadamente. Este informante añadió que, tras obtener la autorización, algunos bancos requerían que la fecha de aprobación constara en el sistema, a pesar de que esta exigencia no estaba estipulada por la normativa del Banco Central.
Condiciones para la participación de la Fundación Apolo
La Fundación Apolo también destacó que su intervención busca ofrecer observaciones relevantes para el avance de la investigación y evitar errores en procesos similares. La organización subrayó su compromiso con la promoción de la transparencia y la ética pública, fundamentando su legitimidad para actuar en este caso.
Para proteger la identidad de quienes contribuyan con información, la fundación pidió al juzgado que establezca mecanismos adecuados y resaltó la importancia de aplicar la figura del informante contemplada en la Ley 27.319, con el fin de otorgar más garantías a posibles colaboradores.
Compromiso con un gobierno transparente
Por último, la Fundación Apolo reafirmó su compromiso de ser un actor clave en la defensa de un sistema gubernamental transparente y ético, promoviendo la rendición de cuentas. La entidad aspira a contribuir al esclarecimiento de los hechos que rodean esta investigación y a combatir la corrupción en el país.
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