Dictamen del Procurador Adjunto
Este martes 16 de junio, el procurador adjunto, Sebastián Capizzi, emitió un dictamen solicitando el sobreseimiento de los ambientalistas imputados por su participación en una protesta en Uspallata el año pasado, específicamente contra la minera San Jorge, que actualmente opera en la zona. Capizzi criticó la actuación del fiscal Juan Manuel Sánchez, quien había calificado la manifestación de vecinos como «organización criminal» en enero de 2025.
El Conflicto en Uspallata
El conflicto minero en Mendoza se intensificó en enero de 2025, cuando Uspallata se erigió como el centro de la disputa por el avance del proyecto de cobre PSJ Cobre Mendocino. Un evento significativo ocurrió el 24 de enero, cuando se intentó inaugurar una oficina de la Cámara de Proveedores Mineros de Uspallata. Durante este acto, vecinos y asambleas ambientalistas se manifestaron en contra de la minería metálica, mientras que trabajadores y sectores vinculados a esta actividad, incluidos miembros de la UOCRA, mostraron su apoyo al proyecto. Estas tensiones desembocaron en enfrentamientos y daños.
Argumentos a Favor del Sobreseimiento
En su dictamen, Capizzi argumenta que la defensa del medio ambiente debe considerarse un derecho constitucional. Resalta que los Estados deben evitar criminalizar a quienes defienden esta causa, apoyándose en la normativa nacional que establece el derecho a un entorno sano y el deber de preservarlo. Además, señala que la actividad colectiva a favor del medio ambiente no puede ser considerada automáticamente como una «organización criminal», ya que esto podría limitar la libertad de expresión y reunión.
Críticas a la Actuación Fiscal
El abogado de los ambientalistas, Alfredo Guevara Escayola, calificó el dictamen de Capizzi como un comunicado que desacredita completamente al fiscal Sánchez. El abogado alegó que Sánchez había utilizado su posición para presentar a los vecinos como terroristas y ha incurrido en denuncias de prevaricato. Además, enfatizó que el dictamen se sostiene en la Opinión Consultiva OC-32/25 de la Corte IDH, que prohíbe la criminalización de los defensores ambientales.
Implicaciones Futuras
Aunque el dictamen de Capizzi no es vinculante, su posición como procurador adjunto podría influir en la dirección de la causa. La comunidad espera con atención la continuación de esta investigación judicial, ya que podría sentar precedentes para otros casos similares en la provincia, relativos a detenciones durante manifestaciones contra la minería metálica.
Conclusión del Dictamen
Capizzi concluye que debe diferenciarse entre defender el medio ambiente y la comisión de delitos concretos. Por esta razón, solicitó el sobreseimiento de los imputados por el delito que los enjuiciaba. En la actualidad, resulta fundamental discutir el uso de la ley y su impacto en los derechos de las personas que luchan por el medio ambiente, abriendo un debate sobre su tratamiento legal y social en el contexto actual.
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